Acusado de corrupción administrativa mediante sus empresas suplidoras de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), y cuya vinculación surgió tras el asesinato del abogado y catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Yuniol Ramírez.
Las juezas Pilar Rufino y Wendy Valdez acogieron de manera parcial el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y el abogado de la defensa, de que la medida de coerción se le variara a prisión preventiva domiciliaria por 12 meses, partiendo de la calificación jurídica del Ministerio Público en contra del imputado que lo acusa de asociación del malhechores para cometer estafa y soborno.
Mientras que el voto disidente fue del presidente de la Corte Francisco Madera, quien dijo que por la gravedad del caso se le debía imponer dos meses de prisión preventiva hasta que el Ministerio Público concluya las investigaciones y presente acusación.